Defensoría condena al Ministro Gabriel por este video

“Los Jachudos van directo al CACCO” abrió un nuevo cuestionamiento de la Defensoría

El enfrentamiento entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría de los Habitantes tomó fuerza este miércoles. La institución cuestionó un video publicado por Justicia sobre un operativo en la cárcel de Puntarenas. El material, difundido el 29 de setiembre bajo el título “Los Jachudos van directo al CACCO”, muestra al ministro Gabriel Aguilar durante una intervención en el centro penal. Allí anuncia el traslado de privados de libertad a espacios de alta contención.

La publicación no surgió de manera aislada. Desde agosto, el Ministerio de Justicia anunció una estrategia para identificar y separar a los llamados “jachudos”. El término es utilizado por el propio jerarca para referirse a privados de libertad que, según la institución, ejercen liderazgo o control informal dentro de dormitorios y ámbitos penitenciarios. Justicia ha señalado que algunos estarían relacionados con intimidaciones y actividades ilícitas dentro de las cárceles.

En la descripción del video de Puntarenas, el ministro resumió el objetivo de la intervención con el mensaje: “Limpiando las cárceles de quienes se creen los dueños de los ámbitos. Hoy tocó la cárcel de Puntarenas”. Durante el recorrido, además, anunció que dos privados de libertad serían enviados a alta contención y posteriormente al CACCO. Según sus palabras, la medida también debía servir de advertencia para otros internos.

El trasfondo es el nuevo modelo de alta contención que impulsa Justicia. El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) está concebido para concentrar, bajo mayores controles, a personas consideradas de alto riesgo o vinculadas con estructuras criminales. Según información reportada el 29 de setiembre, el proyecto registraba un avance del 95 % al 21 de ese mes y tendría capacidad para unas 5.100 personas privadas de libertad. La fecha de apertura todavía debía confirmarse.

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El punto que ahora genera la controversia es cómo se decide quién puede ser enviado a un régimen de alta contención. La Defensoría sostiene que esa decisión no puede depender únicamente de una orden política y reclama la aplicación de los procedimientos técnicos y jurídicos establecidos. El marco penitenciario vigente reconoce competencias de la Dirección General de Adaptación Social en materia de custodia, ubicación y traslado de personas privadas de libertad. El régimen de alta contención, además, cuenta con una normativa específica.

Por esa razón, la Defensoría cuestionó las imágenes del operativo y señaló que en ellas se observan “gritos, exposición pública y acciones que considera humillantes”. También cuestionó que se ordenaran traslados sin verificar previamente, según su posición, los criterios establecidos para cada caso. La institución pidió suspender este tipo de movimientos hacia alta contención hasta determinar si las personas cumplen con el perfil y los requisitos técnicos correspondientes.

Ahora, el siguiente paso queda en manos de las autoridades penitenciarias. Justicia mantiene como eje de su estrategia recuperar el control de los ámbitos carcelarios y evitar que privados de libertad ejerzan estructuras de poder internas. La Defensoría, por su parte, exige que esas acciones se desarrollen dentro de los procedimientos establecidos y con respeto a la dignidad y los derechos de la población penitenciaria. El caso de Puntarenas deja abierta una discusión que va más allá de un video: hasta dónde puede llegar la intervención del jerarca y qué controles deben cumplirse antes de trasladar a una persona a un régimen de mayor contención.