Oficialismo se impone ante el presupuesto 2027

El PPSO sacó adelante el dictamen presupuestario con seis votos a favor y ninguno de la oposición

El oficialismo consiguió avanzar con el Presupuesto Nacional de 2027 sin un solo voto de respaldo de la oposición. El martes 20 de octubre, la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó el dictamen por seis votos a favor y cinco en contra. La propuesta ronda los ₡12,4 billones, pero todavía debe superar el trámite legislativo antes de convertirse en el presupuesto definitivo del Gobierno Central.

Los seis votos favorables fueron de Nogui Acosta, Gréthel Ávila, Cindy Murillo, Gerald Bogantes, Kattia Ulate y Daniel Siézar, del Partido Pueblo Soberano. En contra votaron Diana Murillo, Salvador Padilla y Ángela Aguilar de Partido Liberación Nacional y Antonio Trejos junto a María Román del Frente Amplio. La votación dejó clara la división política: el oficialismo respaldó el dictamen y la oposición lo rechazó.

Uno de los puntos más polémicos es el traslado de ₡8.048 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), destinados a atender obligaciones relacionadas con las pensiones del Magisterio Nacional. La medida pone sobre la mesa una discusión de fondo: cómo distribuir los recursos públicos entre las necesidades de las universidades y otros compromisos financieros del Estado.

El Poder Judicial también queda en el centro de la controversia. El proyecto contempla una reducción cercana a los ₡10.500 millones y restricciones para utilizar ₡29.844 millones. Los posibles efectos sobre los tribunales, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público generan preocupación por la capacidad de estas instituciones para atender sus responsabilidades.

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En el ámbito social, el dictamen incluye movimientos presupuestarios por aproximadamente ₡250.000 millones que involucran a instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los CEN-Cinai, el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Parte de los recursos se relaciona con obligaciones y programas de pensiones, becas y comedores escolares. La discusión no se limita a cuánto se recorta, sino también a quiénes recibirán los recursos y qué servicios podrían verse afectados.

La votación se produjo bajo presión por el vencimiento del plazo para dictaminar el presupuesto, fijado para las 11:30 p. m. del 20 de octubre. Según los reportes disponibles, se presentaron 137 mociones, pero solo 25 llegaron a votarse antes de que concluyera el plazo. Las propuestas que quedaron pendientes no pudieron seguir el trámite dentro de ese proceso, lo que limitó la discusión de otros cambios planteados al proyecto.

El presupuesto todavía debe pasar al plenario legislativo y superar dos debates para su aprobación definitiva. El plazo señalado para completar el trámite vence el 29 de noviembre de 2026. La discusión que viene será clave para definir el financiamiento de las instituciones públicas durante 2027 y medir hasta dónde llegarán los cambios impulsados por el oficialismo. Por ahora, el dictamen avanzó con sus seis votos, pero sin consenso político sobre las prioridades del gasto público.