En un contundente esfuerzo por combatir la corrupción y fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios, el Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, anunció el cierre inmediato de las pulperías que operaban dentro de las cárceles del país. Esta decisión busca erradicar irregularidades que, durante décadas, han debilitado el orden en el sistema penitenciario.
“Estamos manteniendo el orden, el control y la administración de lo que sucede dentro de los centros penitenciarios, y no permitiremos prácticas que no estén amparadas a la ley”, aseguró el ministro, quien subrayó la importancia de garantizar la legalidad en todas las actividades dentro de las prisiones.
Negocios ilegales bajo fachada de servicio
Los comisariatos o pulperías fueron creados en los años setenta como un servicio interno sin fines de lucro para los reclusos. Sin embargo, una reciente investigación de la Dirección General de Adaptación Social evidenció que estas tiendas se habían transformado en negocios lucrativos. Las ganancias, según informes, eran destinadas a actividades ilícitas, lo que comprometía aún más el entorno penitenciario.
Entre los principales problemas detectados, destaca que estos comercios no contaban con ninguna ley que respaldara su operación ni con permisos legales para funcionar como locales comerciales. Además, su gestión no estaba a cargo de personal público autorizado, lo que dificultaba el control y la supervisión de sus actividades.
Riesgos para la seguridad y el orden interno
La existencia de estas pulperías representaba un riesgo significativo para el orden dentro de las cárceles. Según la investigación, su operación fomentaba prácticas como extorsiones, violencia y el fortalecimiento de grupos de poder dentro de los centros penitenciarios. Estas dinámicas debilitaban la seguridad interna y afectaban no solo a los funcionarios, sino también a la sociedad en general.
“La operación de estos establecimientos no solo era ilegal, sino que generaba un clima de inseguridad y facilitaba el surgimiento de actividades ilícitas dentro de los penales”, puntualizó Campos Valverde.
Un problema histórico resuelto
Con esta decisión, el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles pone fin a un problema que permaneció sin solución durante más de cinco décadas. Desde su creación, las pulperías en cárceles nunca habían sido reguladas de manera efectiva ni operaban bajo un marco legal que garantizara la transparencia y el cumplimiento de su propósito original.
El cierre de estos establecimientos refuerza el compromiso de la administración actual con la transparencia, la seguridad y el orden en el sistema penitenciario. “Es un paso necesario para garantizar que el sistema de justicia funcione bajo principios claros de legalidad y equidad”, concluyó el ministro.
La medida también abre la puerta a una reestructuración de los servicios internos en las cárceles, que ahora deberán enfocarse exclusivamente en garantizar las necesidades básicas de los reclusos sin poner en riesgo la seguridad ni fomentar actividades ilícitas.
