Tras su aprobación en la Asamblea Legislativa y su publicación oficial, ya entró en vigor la nueva ley que busca frenar las estafas y otros delitos cometidos desde los centros penitenciarios mediante el uso de dispositivos electrónicos.
Esta normativa establece que toda persona que introduzca, facilite o procure el ingreso de dispositivos de comunicación a un centro penal será sancionada con penas de entre 2 y 4 años de prisión. La disposición aplica de manera expresa tanto a personas civiles como a funcionarios públicos, y contempla artículos como teléfonos celulares, teléfonos satelitales, chips SIM, cargadores, cables y otros aparatos o accesorios similares.
El objetivo principal de esta legislación es cerrar el cerco a las estructuras criminales que operan desde dentro de las cárceles, utilizando dispositivos móviles para cometer fraudes, extorsiones, amenazas y otros delitos que afectan directamente a la ciudadanía.
Además del castigo penal, la ley incluye acciones complementarias para reforzar su cumplimiento, entre ellas la implementación de bloqueadores de señal en los centros penitenciarios y el fortalecimiento de controles operativos y revisiones aleatorias, tanto para visitantes como para el personal penitenciario.
De acuerdo con las autoridades, esta iniciativa responde a una creciente preocupación de la sociedad costarricense por la seguridad y el combate a la impunidad. Informes recientes del Ministerio de Justicia y Paz han revelado que una gran parte de las estafas electrónicas denunciadas en el país tienen su origen en centros penitenciarios, lo que motivó a los legisladores a avanzar con firmeza en este proyecto.
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El Ministerio de Justicia también informó que se trabajará de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad Pública y otras instituciones afines para garantizar la correcta aplicación de la ley y la instalación de la tecnología necesaria.
Con esta nueva normativa, Costa Rica da un paso importante hacia el fortalecimiento del sistema penitenciario y la protección de la ciudadanía ante delitos electrónicos originados desde las cárceles.
