El Gobierno de Estados Unidos presentó ante el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José la documentación oficial para solicitar la extradición del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa. La entrega incluyó tanto la acusación como el material probatorio que respalda los señalamientos hechos por un gran jurado en el Distrito Este de Texas, donde se le vincula con delitos de fabricación y distribución de cocaína, así como con conspiración.
El proceso judicial está ligado al expediente 4:25-cr-00142-JCB-JDL del Tribunal de Distrito de Texas, en el cual se detalla la existencia de una supuesta red de tráfico de drogas que utilizaba a Costa Rica como punto de tránsito hacia los Estados Unidos. Con la entrega de estos documentos, las partes involucradas en el caso disponen ahora de 20 días hábiles para presentar sus posiciones y respuestas ante la justicia costarricense.
De forma paralela, el Ministerio Público, a través de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) y con el apoyo de la Procuraduría General de la República, solicitó la prórroga de la detención provisional de Gamboa mientras avanza el proceso de extradición. La defensa del exmagistrado respondió cuestionando la competencia de la Fiscalía para hacer dicha gestión, asegurando que esa labor corresponde únicamente a la Procuraduría.
Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un comunicado donde se amplían los señalamientos contra Gamboa. En este informe se le acusa de haber sobornado a policías y funcionarios públicos para facilitar el transporte de cocaína, y de haber aprovechado su cargo como viceministro de Seguridad para obtener información sensible sobre investigaciones antidrogas, la cual habría vendido a organizaciones del crimen organizado. En los registros se menciona incluso la colaboración con traficantes de renombre como “Diablo”, “Macho Coca” y “Pecho de Rata”.
Actualmente, Gamboa permanece detenido desde finales de junio, mientras el sistema judicial costarricense analiza la solicitud de extradición. Este caso marca un precedente histórico en la aplicación de la reforma constitucional que autoriza la entrega de ciudadanos costarricenses a otros países cuando se les acuse de delitos relacionados con narcotráfico o terrorismo.
