Ministros rechazan vínculos con Celso Gamboa en comisión legislativa.
Los ministros de Seguridad, Mario Zamora, y de Justicia y Paz, Gerald Campos, comparecieron este miércoles ante la Comisión Legislativa que investiga los presuntos vínculos de funcionarios públicos con el exmagistrado Celso Gamboa.
La sesión se realizó en el marco de las audiencias que el Congreso desarrolla para esclarecer responsabilidades en torno al caso que mantiene repercusión internacional.
Sus intervenciones
En sus intervenciones, ambos jerarcas rechazaron de manera tajante cualquier relación personal con Gamboa y aclararon que los contactos se limitaron a espacios institucionales vinculados a sus funciones públicas.
Zamora aseguró que no ha existido ninguna cercanía con el exmagistrado, mientras Campos reiteró que su trato con él se circunscribió a escenarios formales relacionados con la gestión del Ministerio de Justicia.
Más allá de este tema, los ministros aprovecharon su comparecencia para detallar las necesidades más urgentes que enfrenta Costa Rica en materia de seguridad.
Los requerimientos
El ministro Zamora señaló que se requiere con urgencia un mayor número de efectivos policiales y destacó la importancia de retomar la UPD, inversión en tecnología y nuevas herramientas de inteligencia que permitan enfrentar de manera más eficaz al crimen organizado.
Por su parte, Campos destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional y ampliar la infraestructura penitenciaria.
Según explicó, contar con cárceles adecuadas es fundamental para reducir el hacinamiento y evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde los centros de detención.
Asimismo expresó que nuestro sistema penitenciario requiere de tres categorías de seguridad donde se redistribuyan a los reos.
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Los diputados de la Comisión aseguraron que en los próximos días continuarán con audiencias a otros jerarcas y actores vinculados, con el propósito de recopilar toda la información necesaria para delimitar responsabilidades y evaluar posibles reformas legales que fortalezcan la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
