Kilmar Ábrego García fue detenido nuevamente este lunes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, apenas días después de haber recuperado la libertad bajo supervisión. Su arresto ocurrió cuando se presentó voluntariamente en las oficinas de la agencia para cumplir con los requisitos de su proceso migratorio. Ahora enfrenta una deportación inusual hacia Uganda, país con el que no tiene ningún vínculo familiar ni cultural, lo que ha desatado un fuerte debate jurídico y político.
Este caso ha generado controversia debido a su historial reciente. En marzo, Ábrego fue deportado por error a El Salvador, a pesar de que existía una orden judicial que prohibía ese traslado por el riesgo que corría su vida. Luego de esa deportación fallida, el gobierno estadounidense coordinó su regreso y lo mantuvo bajo custodia por cargos relacionados con tráfico de personas. Posteriormente fue liberado bajo supervisión judicial, mientras continuaba el proceso.
Según fuentes oficiales, la administración federal ofreció a Ábrego la posibilidad de ser deportado a Costa Rica como parte de un acuerdo judicial, si se declaraba culpable. Sin embargo, él rechazó la propuesta, lo que derivó en un endurecimiento de las medidas en su contra. Ahora, ICE busca trasladarlo a Uganda, algo que sus abogados consideran arbitrario e ilegal.
La defensa sostiene que esta decisión es una medida coercitiva para forzar una declaración de culpabilidad y ha presentado una demanda para detener la deportación, alegando violaciones al debido proceso y a los derechos humanos. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional ha defendido la actuación del gobierno, afirmando que Ábrego es presuntamente miembro de la MS-13 y representa una amenaza para la comunidad. No obstante, los abogados rechazan estas acusaciones y aseguran que no existen pruebas que lo vinculen a actividades criminales.
Una jueza federal ha emitido una orden de suspensión temporal, bloqueando la deportación mientras se revisa el caso. Organizaciones de derechos humanos y activistas migratorios han mostrado su preocupación por el precedente que podría sentar esta acción, ya que deportar a una persona a un país sin vínculos personales podría considerarse una violación grave al derecho internacional.
