La Fiscalía Agrario Ambiental del Ministerio Público presentó una solicitud de medidas cautelares urgentes ante el Juzgado Penal de Limón, con el objetivo de frenar actividades de explotación y alteración en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, declarado sitio Ramsar de importancia internacional. Esta iniciativa es fundamental para detener cualquier cambio en el uso del suelo y salvaguardar uno de los ecosistemas más vitales del país.
La acción legal, impulsada el 14 de marzo por el fiscal auxiliar Luis Diego Hernández Araya, se fundamenta en el Código Procesal Penal y la Constitución, que garantizan el derecho a un ambiente sano y equilibrado. La causa, identificada como expediente 04-7055-647-PE, figura a varios imputados por presunta invasión de áreas protegidas, y busca aplicar las medidas hasta que se emita una sentencia firme.
La Fiscalía argumentó que la solicitud es tanto «idónea como útil», especialmente ahora que aún no se han iniciado construcciones ni desarrollos, y existe un proceso acelerado para convertir áreas boscosas en zonas urbanizadas entre Cocles y Manzanillo, por parte de empresas como Corica Internacional, COTUSA y MAR y MAC.
Además, se pidió detener inmediatamente la apertura de caminos, la remoción de material de construcción y suspender futuros permisos para tala o construcción, especialmente en la zona costera más vulnerable. También se solicitó que el administrador del refugio, José Guillermo Masís, suspenda la emisión de autorizaciones y establezca vigilancia activa para reportar actividades irregulares al Ministerio Público.
Este refugio, creado en 1985 y declarado sitio Ramsar en 1995, alberga ecosistemas terrestres y marinos que incluyen manglares, arrecifes, humedales y playas donde anidan especies emblemáticas como tortugas baula y carey, así como animales en peligro como el manatí, la danta, felinos y primates, y valiosos recursos como la langosta y el sábalo. Su conservación es clave tanto para Costa Rica como para el planeta.
La solicitud de la Fiscalía ha sido bien recibida por organizaciones comunitarias cautelosas, que valoran el paso dado como un avance significativo hacia la protección ambiental y el equilibrio ecológico en uno de los lugares naturales más valiosos del país.
