El PLN aún no define su posición respecto al levantamiento de la inmunidad presidencial.
La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) mantiene en suspenso su posición sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía en el caso BCIE.
Los votos
La definición liberacionista resulta clave para determinar si se alcanzarán los 38 votos necesarios para aprobar el desafuero, requisito indispensable para que el mandatario pueda enfrentar un proceso penal por presunto delito de concusión.
Andrea Álvarez, diputada que presidió la comisión encargada de investigar los alcances del expediente, recomendó en su informe que el Plenario Legislativo apruebe el levantamiento de la inmunidad.
Su criterio se suma a las voces que consideran que Chaves debe responder en los tribunales, con el objetivo de garantizar la transparencia y fortalecer la institucionalidad democrática.
Hasta ahora, las fracciones que han expresado su apoyo al desafuero son el Frente Amplio, con seis votos; el Partido Liberal Progresista, con dos; además de un grupo de legisladores del PLN y el Partido Unidad Social Cristiana.
Sin embargo, la falta de una decisión definitiva en Liberación genera incertidumbre respecto a la conformación de la mayoría calificada. La votación necesita alcanzar un mínimo de 38 legisladores para prosperar, lo que convierte a la fracción verdiblanca en un actor decisivo.
El presidente legislativo, Rodrigo Arias, anunció que el próximo 22 de septiembre se celebrará una sesión especial en la que se pondrá a votación la recomendación del informe. En ese espacio, el propio mandatario podrá comparecer ante los diputados y ejercer su derecho a la defensa.
Por su parte, el abogado de Chaves ha reiterado que no existen méritos jurídicos para levantar la inmunidad, al tiempo que asegura que la acusación de la Fiscalía carece de fundamento sólido.
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El desenlace de este debate marcará un antes y un después en la política costarricense, pues determinará si un presidente en funciones puede ser sometido a un proceso penal mientras ocupa la silla presidencial.
