La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) insta a los gobiernos a adoptar un enfoque responsable en el uso de la inteligencia artificial (IA), con el objetivo de mejorar la eficiencia, la efectividad y la confianza ciudadana en la gestión pública. Un reciente informe analiza más de 200 casos de uso reales y diversas iniciativas políticas en 11 funciones centrales de los gobiernos, evaluando cómo se aplica la IA en la administración pública.
El documento destaca que, aunque muchas iniciativas permanecen en fase piloto, la IA ya se utiliza para automatizar servicios, responder consultas ciudadanas mediante chatbots, anticipar desastres, mejorar la toma de decisiones y fomentar la participación cívica. Sin embargo, para que estos beneficios sean sostenibles, los gobiernos deben garantizar que la IA se despliegue de forma transparente, ética y con suficientes salvaguardas que protejan los derechos de las personas.
Entre los principales obstáculos se encuentran la carencia de personal capacitado, las dificultades para acceder y compartir datos de calidad, los costos financieros, los sistemas informáticos heredados y regulaciones que no han evolucionado al ritmo de la tecnología.
El informe señala que la adopción de la IA ha sido más rápida en áreas como servicios públicos, participación ciudadana y justicia, y más lenta en funciones como evaluación de políticas públicas, administración del servicio civil o gestión tributaria, donde los retos legales y regulatorios pesan más.
Para superar estos desafíos, la OCDE identifica siete habilitadores clave: gobernanza, datos adecuados, infraestructura digital, habilidades, inversión, compras públicas y alianzas con actores externos. Además, recomienda un enfoque centrado en el usuario, que involucre a los ciudadanos y partes interesadas, y que establezca límites proporcionales para asegurar la innovación sin comprometer la protección ciudadana.
La OCDE advierte que el equilibrio entre innovación y responsabilidad, así como una gobernanza robusta, serán determinantes para que la IA contribuya al bienestar y al fortalecimiento institucional, evitando riesgos como la pérdida de oportunidades para mejorar servicios, aumento de brechas y desconfianza pública.
