La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró procedentes cuatro denuncias por beligerancia política, imponiendo sanciones que van desde la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta la destitución de los funcionarios involucrados. Las resoluciones evidencian la necesidad de respetar los límites legales en la participación política de los servidores públicos.
Entre los sancionados se encuentra Henry Núñez Nájera, quien mientras integraba el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, publicó comentarios político-electorales en redes sociales a favor de un candidato, a pesar de contar con prohibición absoluta de participación política, recibiendo inhabilitación por dos años. Por su parte, Wilber Antonio Gómez Campos, integrante de la Junta Administrativa del Liceo Ricardo Jiménez Guardia, se inscribió como candidato a la asamblea distrital de un partido político y participó en su convención interna, lo que también le valió inhabilitación por dos años.
Mauricio Antonio Gómez Valverde, miembro de la Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga, fue destituido de su cargo en la Universidad Estatal a Distancia y sancionado con inhabilitación por dos años por participar en asambleas de un órgano consultivo cantonal de un partido político. Finalmente, Jazmín González Briceño, funcionaria del Poder Judicial, recibió destitución e inhabilitación por tres años tras realizar comentarios político-electorales en redes sociales relacionados con tres partidos políticos.
Adicionalmente, la Sección Especializada del TSE ordenó a la Inspección Electoral iniciar un proceso contencioso-electoral contra Francisco Ernesto Gamboa Soto, exministro de Economía y candidato a la vicepresidencia por el partido Pueblo Soberano, a raíz de la denuncia presentada por el diputado Francisco José Nicolás Alvarado.
La Sección Especializada explicó que, debido a la atención de acciones de inconstitucionalidad presentadas contra su Reglamento, estuvo imposibilitada de emitir resoluciones finales durante casi cuatro años, acumulando asuntos pendientes que ahora se están resolviendo. Estas decisiones buscan garantizar que los funcionarios públicos respeten los límites de su participación política, manteniendo la neutralidad y cumpliendo con la legislación electoral vigente en Costa Rica.
