Costa Rica enfrenta una de las coyunturas más delicadas de los últimos años en su sistema de salud pública. Diversos sectores médicos, gremiales y ciudadanos advierten que el país se encuentra al borde de un colapso sanitario, marcado por hospitales saturados, escasez de medicamentos, demoras extremas en cirugías y consultas, y una creciente desigualdad en la atención entre zonas urbanas y rurales.
La situación se refleja en listas de espera interminables que superan los meses —incluso años— para procedimientos esenciales, la falta de camas hospitalarias en centros clave y la sobrecarga del personal médico, que denuncia condiciones laborales cada vez más difíciles. A esto se suma la insuficiencia en la inversión en infraestructura, el deterioro de equipos y una gestión que no ha respondido con la rapidez que exige la crisis.
Ante este panorama, la ciudadanía y distintos actores sociales lanzan un llamado urgente a las autoridades actuales y a las candidaturas presidenciales y legislativas de cara a las elecciones 2025-2026. La demanda es clara: la salud debe colocarse como un tema central de la agenda nacional, con propuestas concretas y viables que garanticen recursos, eficiencia y un enfoque humano en la prestación de servicios.
El riesgo de no actuar con prontitud es grave. Un colapso sanitario no solo se mide en cifras, sino en las vidas de miles de costarricenses que podrían quedar sin atención adecuada. Además, la falta de respuestas contundentes erosiona la confianza ciudadana en el Estado y debilita uno de los pilares históricos del país: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Gestión de residuos
Costa Rica enfrenta una crisis inminente en la gestión de sus residuos. El relleno sanitario Uruka, el más grande del país, advirtió desde 2024 que su capacidad estaba a punto de agotarse. Mientras tanto, Aczarrí, el segundo en importancia, redujo su vida útil a solo tres años y medio debido al exceso de basura que recibe diariamente.
La situación se complica aún más con la aplicación del decreto que restringe el traslado de desechos a un radio máximo de 80 kilómetros, medida que lejos de aliviar la presión deja a varios municipios sin alternativas reales para disponer de su basura.
El ejemplo más evidente se dio en Jiménez, donde en junio pasado el servicio de recolección colapsó al no contar con un sitio autorizado para el destino final de los residuos, un escenario que podría repetirse en otros cantones si no se toman medidas urgentes.
La coyuntura electoral abre la oportunidad para que las propuestas en salud no sean discursos vacíos, sino compromisos verificables que prioricen la inversión, la equidad en la atención y el fortalecimiento de la prevención. El reto es enorme, pero ineludible: sin un sistema de salud sólido, no hay desarrollo sostenible ni justicia social.
