El proceso de subasta pública para asignar frecuencias de radio y televisión en Costa Rica, promovido por Sutel, enfrenta fuertes objeciones por parte de distintos sectores que advierten posibles vulnerabilidades éticas y políticas.
A la fecha, se han recibido 29 recursos de objeción ante la Contraloría General de la República (CGR): 3 contra permisos televisivos, 8 contra radio AM y 18 contra radio FM.
Uno de los principales argumentos proviene del empresario televisivo y abogado Antonio José García Alexandre, quien sostiene que «las bases actuales dejan por fuera a los medianos y pequeños empresarios. Además, no impiden que organismos del crimen organizado o incluso estados extranjeros participen en la adjudicación de medios”.
El modelo planteado por Sutel contempla concesiones a 15 años mediante un concurso económico —con precios mínimos exigentes para participar— y no incluye salvaguardas claras respecto al origen de los oferentes. Por ejemplo, para aspirar a una concesión nacional de televisión, se exige un capital inicial de 1,6 millones de dólares, mientras que para frecuencias de radio FM la cifra base ronda los $386.000.
Además de los precios elevados por las frecuencias nacionales, los Pymes deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos que prácticamente los deja por fuera del mercado y con esto un apagón masivo de los medios alternativos.
La normativa no establece limitaciones explícitas para la participación extranjera, algo que los críticos consideran un vacío peligroso para la soberanía informativa.
Por otro lado, emisoras de carácter social, religioso y cultural —principalmente radios católicas— han manifestado su preocupación de que los montos exigidos y el peso económico de la puja terminen por excluirlas, provocando una concentración mediática y reducción en la pluralidad de voces.
Por ejemplo, el sacerdote Elí Quirós, director de Radio Sinaí, calificó las bases propuestas como “insostenibles”, mientras que Radio Santa Clara afirmó que el nuevo esquema “limita el debate público”.
Sutel se ha limitado a responder que, en esta etapa, no puede pronunciarse respecto a las objeciones específicas, y que esperará la remisión formal de los recursos por parte de la CGR antes de emitir sus respuestas técnicas y legales.
El cronograma del proceso plantea que las ofertas podrán presentarse hasta cuarenta días después de la apertura (25 de setiembre), y que los resultados finales podrían estar listos para enero-febrero de 2026, antes de su aprobación por parte del Micitt.
