Muchos costarricenses sueñan con obtener una vivienda digna mediante ayuda social; sin embargo, no todos logran acceder a este beneficio. Ante esta situación, la Contraloría General de la República (CGR) solicitó al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) fortalecer los mecanismos de priorización en la entrega de bonos de vivienda.
El ente contralor realizó una auditoría sobre el proceso de asignación de estos beneficios y detectó varias deficiencias. Entre ellas, se señalaron debilidades en la definición y aplicación de una metodología formal y técnica para priorizar a los beneficiarios, la ausencia de plazos claros para la aprobación de casos, así como falta de coordinación con las entidades autorizadas y deficiencias en la gestión de riesgos institucionales.
El BANHVI reconoció la necesidad de realizar mejoras en su gestión. En un comunicado indicó:
“En el BANHVI se ha identificado la necesidad de reforzar las responsabilidades de las áreas en este proceso y de crear mecanismos de evaluación para el cumplimiento de lo establecido en las políticas de riesgo y metodologías existentes”.
Según el informe de la Contraloría, el tiempo promedio para otorgar un bono de vivienda es de 527 días hábiles, lo que representa más de dos años de espera para las familias solicitantes.
Durante los 37 meses de la administración de Rodrigo Chaves, se han entregado 27.143 bonos de vivienda de interés social, la cifra más baja de las últimas cuatro administraciones.
A continuación, el detalle histórico de bonos otorgados:
- Óscar Arias (2006-2010): 34.467 bonos
- Laura Chinchilla (2010-2014): 30.951 bonos
- Luis Guillermo Solís (2014-2018): 38.628 bonos
- Carlos Alvarado (2018-2022): 34.087 bonos
- Rodrigo Chaves (2022-actualidad): 27.143 bonos
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Mientras la entrega de bonos de vivienda disminuye, cada vez más ciudadanos recurren a alternativas informales, como los precarios, para resolver su necesidad habitacional.
Históricamente, los bonos familiares de vivienda han sido un instrumento clave de transferencia estatal hacia los sectores más vulnerables del país; no obstante, su alcance continúa siendo insuficiente para reducir el déficit habitacional nacional.
