Una luz en el camino para los oficiales de Fuerza Pública. Eso podría representar el proyecto de ley que busca devolverles la protección de una póliza legal frente a denuncias falsas
Una estrategia que, según el ministro de Seguridad Mario Zamora, ha sido utilizada por el crimen organizado para desestabilizar el trabajo policial.
Esa póliza cubría aspectos esenciales para cualquier oficial sometido a una causa judicial derivada de su labor: la defensa legal, el pago de un abogado y las costas de los procesos judiciales. Para muchos, era la mínima garantía para no quedar económicamente expuestos por cumplir con su deber.
Sin embargo, esa protección se vino abajo cuando la Contraloría General de la República ordenó detener el seguro, dejando a los policías en una situación completamente distinta.
Ahora, cada denuncia —justificada o no— debe enfrentarla con su propio salario, una carga que, según el Gobierno, afecta no solo su estabilidad económica, sino también su motivación y su capacidad operativa en un contexto de criminalidad cada vez más agresiva.
Por esta razón, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y el INS trabajaron en una reforma a la Ley General de Policía. El objetivo es claro: restablecer la póliza, pero esta vez con respaldo legal para evitar que vuelva a eliminarse.
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La decisión final quedará en manos de la Asamblea Legislativa, que deberá determinar si devuelve a los oficiales una protección que, según sus jerarcas, nunca debió desaparecer.
