La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios, cuestionó duramente al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves por el incumplimiento en la instalación de los escáneres en puertos y por lo que calificó como un acto simbólico sin sustento real en la ampliación del centro penitenciario La Reforma.
Larios recordó que Costa Rica ocupa el puesto 16 entre 193 países en tráfico de cocaína, lo que evidencia la magnitud del problema.
Las apreciaciones de Larios
A su criterio, el Ejecutivo no ha abordado el tema de manera integral y, por el contrario, anunció con gran despliegue mediático la llegada de los escáneres y la supuesta colocación de la primera piedra de la megacárcel, justo en el arranque del periodo electoral.
Según la legisladora, el 12 de diciembre consultó en la Comisión de Seguridad si los escáneres ya estaban operativos, y recibió como respuesta que en un plazo de 15 días estarían funcionando completamente en Caldera y Japdeva. Sin embargo, afirmó que esto no ocurrió y que se trató de información falsa.
También señaló que incluso la candidata presidencial del oficialismo aseguró en el debate del TSE que los escáneres ya estaban instalados en los puertos.
No obstante, el propio ministro de Seguridad, Mario Zamora, indicó el pasado 7 de enero que los equipos aún están en fase de prueba y que no operan a plenitud. Además, desmintió que estos dispositivos hayan estado funcionando desde hace más de un año.
Larios también criticó el acto oficial sobre la supuesta colocación de la primera piedra de la megacárcel. Aunque aclaró que no se opone a la ampliación del centro penitenciario, rechazó el uso de este tipo de eventos como propaganda electoral.
De acuerdo con la diputada, ni siquiera se inició formalmente la obra, ya que el viceministro de Justicia reconoció que se trató de un acto protocolario y no de un inicio real de construcción.
A esto sumó que el Ministerio de Hacienda impidió la transferencia de más de 8 mil millones de colones aprobados por la Asamblea Legislativa para el OIJ y el Ministerio Público, recursos que estaban destinados a combatir la criminalidad.
Para Larios, estas acciones reflejan una falta de compromiso real con la seguridad del país. Aseguró que el 1.º de febrero será una fecha clave para decidir si Costa Rica continúa por el camino de la inseguridad o si apuesta por un modelo más justo y seguro.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse, comparar propuestas y conocer los planes de gobierno antes de emitir su voto. Añadió que el PLN propone un enfoque integral en materia de seguridad, que combina tecnología, prevención, trabajo comunitario y acciones firmes contra el crimen.
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“Costa Rica merece volver a ser sinónimo de paz y, sobre todo, volver a sentir paz”, concluyó.
