Costa Rica ha experimentado en los últimos años una alta incidencia de estructuras digitales conocidas como “granjas de trolls”, utilizadas para manipular la opinión pública y la voluntad popular a través de redes sociales. Ante esta situación, el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos, presentó un proyecto de ley que propone penas de hasta 12 años de prisión para quienes creen, financien, coordinen o ejecuten este tipo de organizaciones.
La iniciativa surge en medio de un contexto electoral marcado por la desinformación digital. Durante la actual campaña, en redes sociales circuló un audio generado mediante inteligencia artificial, atribuido falsamente a la candidata a diputada Marta Esquivel. A esto se suman lecturas falsas o engañosas sobre encuestas, lo que, según expertos, evidencia que la manipulación digital representa un riesgo real para la transparencia del proceso electoral.
El proyecto, denominado “Ley contra la manipulación de la opinión pública y la voluntad popular en redes sociales”, busca establecer un marco penal específico para sancionar la difusión coordinada de desinformación, la simulación de apoyo ciudadano y la interferencia en procesos electorales mediante el uso de cuentas falsas, automatizadas o pagadas.
Según el texto de la propuesta, se contemplan penas de entre cuatro y ocho años de cárcel para quienes participen en campañas digitales organizadas con el objetivo de alterar tendencias en redes sociales, dañar reputaciones o socavar la confianza en las instituciones públicas.
Las sanciones se agravarían y podrían alcanzar entre seis y doce años de prisión cuando los hechos sean cometidos por funcionarios públicos, exista financiamiento extranjero vinculado a procesos electorales o se trate de estructuras criminales organizadas.
La iniciativa pretende frenar prácticas que, de acuerdo con especialistas, amenazan la integridad democrática y el derecho de la ciudadanía a informarse de manera veraz en el entorno digital.
