La Procuraduría General de la República (PGR) advirtió sobre posibles inconstitucionalidades en un proyecto de ley que pretende establecer el trabajo como una obligación para las personas privadas de libertad que cuenten con una condena en firme.
Según el criterio del órgano asesor del Estado, la iniciativa podría vulnerar los principios de proporcionalidad, razonabilidad y legalidad penal, al imponer de manera obligatoria el trabajo como parte de la pena. Además, la Procuraduría señala que una normativa de este tipo podría enfrentar problemas de insuficiencia económica y representar un desplazamiento indebido de obligaciones que corresponden al Estado.
El proyecto establece que toda condena firme de prisión deberá ir acompañada obligatoriamente de trabajo, estudio o una combinación de ambas opciones. En cuanto a la remuneración, esta se distribuiría semanalmente de la siguiente forma: un 25% para obligaciones alimentarias, otro 25% para acciones civiles, un 25% destinado al Estado por concepto de gasto de estadía y el 25% restante para un fondo personal del privado de libertad.
La propuesta contempla una jornada diurna máxima de ocho horas diarias. Asimismo, las personas privadas de libertad contarían con una póliza de riesgos y recibirían una contraprestación económica fijada por el Ministerio de Trabajo.
La iniciativa fue presentada por la fracción del Partido Nueva República y actualmente se analiza en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde continúa su trámite legislativo.
