El país cuenta desde ahora con lineamientos técnicos unificados que buscan dar mayor transparencia, seguridad jurídica y confianza en la determinación del valor de bienes como viviendas, terrenos, maquinaria y otros activos.
El Instituto Costarricense de Valuación (ICOVAL), entidad adscrita al Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, presentó oficialmente este 22 de enero las Normas Nacionales de Valuación, un conjunto de lineamientos técnicos que marcan un antes y un después en la forma en que se determina el valor de distintos bienes en el país.
Las normas fueron desarrolladas por el Comité Técnico Nacional 59 (CTN59), con el acompañamiento técnico de ICOVAL y del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), además de la participación de representantes del sector público, entidades financieras, aseguradoras, colegios profesionales, universidades y especialistas en valuación.
Durante la presentación, el presidente de ICOVAL, Randall Arias Aguilar, destacó que la valuación influye directamente en decisiones que afectan tanto a personas como a instituciones.
“La valuación de bienes está presente en decisiones que impactan directamente la vida de las personas y el funcionamiento de las instituciones. Contar con normas claras y consensuadas permite reducir riesgos, prevenir conflictos y promover decisiones más justas y técnicamente fundamentadas”, señaló.
Desde INTECO, su director ejecutivo, Mauricio Céspedes Mirabelli, subrayó que estas normas fortalecen una actividad clave para la economía nacional.
“El lanzamiento de las normas técnicas para los servicios de valuación representa una oportunidad para fortalecer una actividad que requiere rigor técnico, metodologías claras y principios reconocidos internacionalmente. Estas normas unifican criterios, protegen al usuario y generan resultados confiables, imparciales y auditables, alineando la práctica nacional con estándares del International Valuation Standards Council (IVSC)”, explicó.
Impacto en decisiones clave
La valuación es un elemento fundamental en procesos como créditos hipotecarios, seguros, impuestos, inversiones, expropiaciones y planificación territorial. Cuando los avalúos no se realizan bajo criterios consistentes, pueden surgir errores, incertidumbre e incluso decisiones injustas.
Con estas normas, se establecen reglas claras sobre cómo estimar el valor de los bienes y cómo comunicar esos resultados, desde los conceptos básicos del valor hasta metodologías específicas según el tipo de activo y el objetivo del avalúo.
Además, se incorporan lineamientos de ética profesional, promoviendo independencia, objetividad y transparencia.
El especialista de ICOVAL, Óscar Bonilla, doctor en valuación, destacó el aporte de estas normas a la confianza pública.
“Estas normas fortalecen la confianza de la ciudadanía y de las instituciones, al garantizar que los valores estimados respondan a criterios técnicos sólidos y no a decisiones arbitrarias. Ese es un aporte directo al bienestar común y a la seguridad jurídica del país”, afirmó.
Por su parte, Robert Laurent, máster en valuación de bienes, señaló que el objetivo no es complicar los procesos, sino ordenarlos y estandarizarlos.
“Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de la mano con INTECO, el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, el CFIA y otras entidades, para promover la divulgación y correcta aplicación de estas normas, siempre en beneficio del país y de la sociedad costarricense”, indicó.
Beneficios para la sociedad
La implementación de las Normas Nacionales de Valuación traerá ventajas concretas tanto para personas como para instituciones:
Mayor claridad y transparencia en la determinación del valor de los bienes.
Menor riesgo en créditos, seguros e inversiones.
Mejor comunicación entre profesionales, instituciones y usuarios.
Apoyo a decisiones públicas y privadas mejor fundamentadas.
Refuerzo de la confianza en los procesos de valuación.
Con este paso, Costa Rica avanza hacia una práctica de valuación más ordenada, profesional y alineada con estándares internacionales, fortaleciendo la seguridad jurídica y la confianza en decisiones económicas clave para el desarrollo del país.
