Oposición pide anular Secreto de Estado

Diputados cuestionan el alcance del decreto y piden frenar sus efectos mientras la Sala IV lo analiza

El decreto de la presidente Laura Fernández que declara secreto de Estado información relacionada con la seguridad nacional enfrenta una nueva batalla en la Sala IV. El llamado Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa presentó una acción de inconstitucionalidad contra la medida y solicitó suspender sus efectos mientras los magistrados estudian el fondo del reclamo.

Las fracciones del Partido Liberación Nacional, Frente Amplio, Partido Unidad Social Cristiana y Coalición Agenda Ciudadana impulsaron la acción. Los diputados cuestionan que el Decreto Ejecutivo 45870-MSP extienda la reserva más allá de información estrictamente operativa. También señalan que abarca presupuestos, compras, contrataciones y otros procedimientos vinculados con organismos de seguridad.

Fernández y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, firmaron la disposición el 27 de julio. La Gaceta la publicó el 10 de agosto. El decreto declara confidencial la información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y el grupo denominado Fuerza Élite, además de otras coordinaciones de seguridad dirigidas por la Presidencia.

Uno de los principales cuestionamientos de la oposición se relaciona con el manejo de recursos públicos. Según los legisladores, la reserva podría dificultar la fiscalización de expedientes administrativos, estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, contratos y fases de ejecución de compras destinadas a estas instancias.

Lea también Corte plena busca dejar de nombrar jueces de mayor rango

Los diputados sostienen, además, que el decreto podría afectar el acceso a información de interés público. Por ello, argumentan que cualquier restricción en materia de seguridad debe aplicarse de manera excepcional, proporcional y justificada. También consideran que no debe convertirse en una regla general de confidencialidad.

La Sala Constitucional ya tiene sobre la mesa otras gestiones relacionadas con el decreto. Entre ellas figuran recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad. Estas cuestionan el alcance de la medida y su impacto en el acceso a información pública y la fiscalización de los recursos estatales.

El Gobierno, por su parte, defiende la declaratoria. Argumenta que revelar determinada información podría comprometer operaciones policiales, exponer capacidades del Estado y poner en riesgo a funcionarios. Fernández también ha señalado que la información pública de relevancia nacional continuará siendo accesible. Sin embargo, sostiene que los datos operativos cuya divulgación pueda beneficiar al crimen organizado deben mantenerse bajo reserva.