¿La electricidad debería ser un derecho?

Proyecto busca garantizar el acceso seguro y universal a la electricidad y mantener el control estatal del sistema eléctrico

La electricidad podría tener un reconocimiento expreso como derecho humano en la Constitución Política de Costa Rica. Así lo plantea el expediente legislativo N.° 25.819, que propone reformar el artículo 50 para garantizar el acceso universal, continuo, seguro y asequible a este servicio. También busca que el Estado mantenga la responsabilidad de garantizar ese derecho y dirigir el sistema eléctrico nacional.

El proyecto fue presentado por la diputada de Frente Amplio Sigrid Segura Artavia y varios legisladores. La iniciativa sostiene que la electricidad es necesaria para mucho más que iluminar una vivienda. También permite conservar alimentos y medicamentos, utilizar equipos médicos, estudiar, trabajar y comunicarse. Por eso, busca vincular el acceso a este servicio con una vida digna y el ejercicio de otros derechos fundamentales.

La exposición de motivos señala que la Sala Constitucional ha protegido el suministro eléctrico por su relación con derechos como la vida, la salud y la dignidad humana. El documento cita resoluciones sobre la importancia de este servicio y casos relacionados con la electrificación de comunidades y centros educativos. Sin embargo, los proponentes consideran necesario reconocer este derecho de forma expresa en la Constitución.

La iniciativa también se fundamenta en la historia de la electrificación costarricense. Según los datos citados en el expediente, la cobertura pasó del 14 % en 1949 al 99,4 % en registros atribuidos al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Además, el Banco Mundial reportó un 99,8 % para 2024. El documento atribuye estos avances a la planificación pública, la expansión de las redes y los programas de electrificación rural, en los que han participado el ICE y otras empresas distribuidoras.

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La propuesta busca beneficiar a toda la población, especialmente a las personas vulnerables y las comunidades con dificultades de acceso. La exposición de motivos destaca a quienes dependen de equipos médicos, medicamentos refrigerados o dispositivos eléctricos para su movilidad. También relaciona el suministro con la educación, el empleo y la conectividad. No obstante, el proyecto no establece subsidios específicos ni plantea que la electricidad deba ser gratuita para toda la población.

El proyecto propone orientar la planificación, generación, transmisión, distribución y suministro hacia el interés general, la soberanía energética, la solidaridad territorial y la seguridad del sistema. Aunque busca preservar la dirección y el control estatal, no prohíbe expresamente la participación privada ni establece que el ICE deba ser el único operador. La exposición de motivos también señala que los resultados de la liberalización eléctrica varían según las condiciones de cada país y la calidad de su regulación.

Si el proyecto se aprobara, el acceso a la electricidad tendría un reconocimiento constitucional expreso y el Estado asumiría las obligaciones previstas en el nuevo texto. Sin embargo, el expediente no cuantifica los costos de aplicación ni establece una fórmula para definir tarifas asequibles. Tampoco garantiza que desaparezcan los apagones. Estos aspectos requerirían decisiones posteriores y un desarrollo normativo. Por ahora, la iniciativa es una propuesta, no una reforma constitucional aprobada. Su alcance dependerá del trámite legislativo y del texto que eventualmente se apruebe.