La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento internacional que busca eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Con 31 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, el convenio se convierte en un hito en materia de derechos laborales y protección de la dignidad humana. La discusión legislativa arrancó en 2021 y tras varios años de trámite finalmente fue avalada, colocando a Costa Rica en el grupo de países que avanzan hacia un entorno laboral más seguro, equitativo y respetuoso.
El Convenio 190 es el primero en su tipo a nivel global, ya que amplía el concepto de “mundo del trabajo”. No se limita a la oficina o al lugar físico donde se desempeñan las labores, sino que incluye desplazamientos, teletrabajo, plataformas digitales, eventos sociales vinculados al empleo e incluso situaciones en el hogar, cuando están relacionadas con la actividad laboral.
El texto reconoce que la violencia y el acoso pueden manifestarse de forma física, psicológica, sexual o económica, afectando tanto a mujeres como a hombres, con especial impacto en grupos históricamente más vulnerables.
Diputados y diputadas resaltaron que su aprobación marca un avance histórico para la legislación nacional. El sector sindical celebró el resultado, destacando que ahora se cuenta con un marco jurídico más sólido para proteger a las personas trabajadoras y garantizar que tengan acceso a mecanismos efectivos de denuncia, atención y reparación.
Con este paso, el Estado costarricense se compromete a impulsar reformas legales, diseñar políticas públicas y reforzar la inspección laboral para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de acoso y violencia en los espacios de trabajo.
Expertos coinciden en que la aplicación del Convenio 190 contribuirá a una reducción de conflictos laborales, al aumento de la productividad, y al fortalecimiento de una cultura de respeto, igualdad y bienestar.
De esta forma, Costa Rica reafirma su compromiso con la justicia social y con los estándares internacionales de derechos humanos, enviando un mensaje claro: el trabajo debe desarrollarse en condiciones libres de temor, amenazas y agresiones.
