El pasado 23 de septiembre de 2025, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un importante operativo que culminó con la desarticulación de una red de sextorsión que operaba desde la provincia de Puntarenas, en Costa Rica. Esta organización criminal, de carácter familiar, tenía vínculos directos con cabecillas en República Dominicana, a donde se enviaban los fondos obtenidos mediante extorsión.
La banda era liderada por una mujer costarricense y sus tres hijos, quienes, según detalló el director del OIJ, Randall Zúñiga, gestionaban el reclutamiento de víctimas mediante el uso de perfiles falsos en redes sociales y sitios de citas. Estos perfiles eran utilizados para entablar conversaciones íntimas con hombres adultos, a quienes posteriormente extorsionaban tras conseguir contenido comprometedor.
Una vez captada la víctima, el grupo iniciaba una fase de presión psicológica, amenazando con divulgar el material íntimo si no se realizaban pagos inmediatos. Las sumas exigidas eran elevadas, variando entre los ₡500.000 y los ₡200 millones, dependiendo de la persona afectada y la información en poder de los delincuentes.
Durante el operativo, las autoridades llevaron a cabo allanamientos simultáneos en distintos puntos de Puntarenas, logrando la detención de varios miembros del grupo, así como la incautación de teléfonos celulares, computadoras, documentos bancarios y dinero en efectivo. Estos elementos serán utilizados como prueba en el proceso judicial en curso.
Además, el OIJ ha iniciado cooperación internacional con las autoridades de República Dominicana, dado que parte del dinero producto de la sextorsión era transferido a cuentas bancarias en ese país, lo cual indica que se trata de una estructura criminal transnacional.
Ante estos hechos, el OIJ hizo un llamado a la población costarricense a no compartir contenido íntimo con desconocidos en plataformas digitales, y a reportar cualquier amenaza o intento de extorsión a través de la línea confidencial 800-8000-645. “Las redes sociales están siendo utilizadas como herramientas por el crimen organizado para manipular emocional y económicamente a las personas”, advirtió Zúñiga.
Este caso pone en evidencia la evolución del crimen cibernético en Costa Rica y la urgente necesidad de fortalecer la educación digital, la prevención y la denuncia ciudadana para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de delitos.
