Sáb. Oct 4th, 2025

El Séptimo Informe Estado de la Región 2024-2025, elaborado por el Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica (CONARE), encendió las alarmas sobre un preocupante retroceso democrático en Centroamérica y República Dominicana.

El estudio concluye que, en la mayoría de los países analizados, se ha consolidado una peligrosa concentración del poder en los presidentes, debilitando el sistema de contrapesos y erosionando las instituciones democráticas. A la par, se registra un aumento de las restricciones a la libertad de prensa y la reducción de espacios para la participación de la sociedad civil.

Según el coordinador del informe, Alberto Mora, los procesos de transición democrática de las últimas décadas no lograron consolidar sistemas políticos sólidos y sostenibles. En lugar de democracias plenas, en la región conviven democracias imperfectas, regímenes híbridos e incluso autoritarios, en un escenario de gran fragilidad institucional.

El documento respalda sus hallazgos con datos de organismos internacionales como V-Dem, Reporteros sin Fronteras y otras fuentes de verificación, además de indicadores económicos, sociales y políticos propios de cada país. Entre los principales factores que sostienen esta advertencia se encuentran:

  • El uso recurrente de estados de excepción y medidas de emergencia que limitan derechos.
  • La creciente criminalización de la protesta social y la presión hacia periodistas y medios de comunicación críticos.
  • La debilidad en la independencia de poderes judiciales y legislativos frente al Ejecutivo.
  • El deterioro en la confianza ciudadana hacia los procesos electorales y las instituciones públicas.

El informe también advierte que la concentración del poder se ha convertido en un patrón que amenaza la estabilidad regional, pues impacta directamente en el respeto a los derechos humanos, el acceso a la justicia y la credibilidad de la democracia como modelo político.

Finalmente, se hace un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de integración regional para que refuercen los mecanismos de vigilancia y apoyo a la democracia, antes de que la situación derive en un debilitamiento aún mayor del Estado de derecho en Centroamérica.