El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) manifestó su profunda preocupación por la decisión del Ministerio de Hacienda de no ejecutar los ₡6.346 millones aprobados por la Asamblea Legislativa para la creación de 194 plazas judiciales, necesarias para fortalecer las labores del OIJ y del Ministerio Público.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, calificó esta situación como inadmisible, argumentando que la falta de estas plazas afecta directamente la capacidad operativa del sistema judicial para investigar y combatir el crimen organizado, la violencia y otras manifestaciones delictivas que afectan la seguridad de los ciudadanos.
Según Zúñiga, mientras se limita la asignación de recursos para la creación de estas plazas, el gobierno ha aprobado casi 900 plazas para la Fuerza Pública, incluyendo 720 recientemente anunciadas, generando un desbalance entre la policía preventiva y las capacidades de investigación judicial, esenciales para desarticular estructuras criminales.
El OIJ enfatizó que la seguridad ciudadana es una prioridad nacional, y que sin estas plazas, los fiscales y agentes judiciales enfrentan dificultades para cumplir con investigaciones de alta complejidad, lo que pone en riesgo la eficiencia y eficacia del sistema judicial. Además, la falta de personal especializado limita la capacidad de procesar casos, realizar allanamientos y ejecutar acciones rápidas que protejan a la población.
Por su parte, Hacienda ha señalado problemas de presupuesto, aunque los especialistas en seguridad advierten que la inversión en recursos humanos judiciales es clave para garantizar la justicia efectiva y prevenir la escalada de criminalidad.
