Costa Rica, reconocida a nivel mundial por su riqueza natural y su estabilidad democrática, enfrenta un reto cada vez más complejo: su vulnerabilidad en el ciberespacio. De acuerdo con datos internacionales, el país se ubica como el cuarto más expuesto a nivel global frente a ataques digitales, solo por encima de Panamá, Bielorrusia y Chile. Esta situación ha generado preocupación en especialistas, quienes advierten que el territorio costarricense se ha convertido en un blanco atractivo para el cibercrimen.
En los últimos años, el país ha sido escenario de ciberataques de alto impacto que han afectado tanto a instituciones públicas como privadas. El episodio más recordado ocurrió en 2022, cuando el grupo Conti paralizó varios sistemas del gobierno central, obligando incluso a la declaratoria de estado de emergencia nacional. Posteriormente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) también se vio obligada a desconectar plataformas críticas para proteger información sensible de millones de asegurados.
Las cifras más recientes confirman la magnitud del problema. Se estima que cada organización en Costa Rica recibe, en promedio, más de 800 intentos de ataque por semana, siendo el sector financiero y bancario el más afectado. Estas amenazas se manifiestan en diferentes modalidades, desde el ransomware y el phishing hasta los ataques de denegación de servicio (DDoS), que buscan colapsar servidores y sistemas de atención al público.
Uno de los factores que agrava el panorama es la escasez de profesionales en ciberseguridad. Si bien la demanda de especialistas crece de manera acelerada, la oferta de talento calificado sigue siendo limitada, lo que obliga a las organizaciones a redoblar esfuerzos en capacitación y contratación internacional. Universidades y centros académicos locales han empezado a responder a esta necesidad mediante nuevas carreras y programas de formación especializados en seguridad informática.
El impacto económico de esta vulnerabilidad es también considerable. Según reportes de la industria, desde 2020 se han registrado más de 200 millones de intentos de ciberataques contra empresas costarricenses, lo que genera pérdidas millonarias y pone en riesgo la confianza de los inversionistas. Para un país que apuesta a consolidarse como hub tecnológico en la región, la ciberseguridad se convierte en un elemento estratégico para garantizar competitividad y estabilidad.
Frente a este escenario, expertos coinciden en que la prevención es la clave. La inversión en infraestructura tecnológica, la educación en buenas prácticas digitales y la cooperación internacional resultan fundamentales para reducir el nivel de exposición del país. Costa Rica ya no solo debe velar por proteger su biodiversidad y sus instituciones democráticas, sino también blindar el mundo digital, hoy convertido en una frontera crítica para el desarrollo.
