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Contraloría propone agilizar las contrataciones públicas
La iniciativa busca reducir trámites en los recursos de objeción y plantea cambios en la atención de impugnaciones relacionadas con compras de medicamentos y equipo médico de la CCSS.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó este jueves 1.º de octubre ante los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa una propuesta para agilizar los procedimientos de contratación pública y reducir los tiempos de resolución de algunas impugnaciones.
La iniciativa fue expuesta por Bernal Aragón y Alfredo Aguilar, de la División de Contratación Pública, y contempla modificaciones a tres artículos de la Ley General de Contratación Pública.
Uno de los principales cambios se plantea para los recursos de objeción contra los pliegos de condiciones, anteriormente conocidos como carteles.
La propuesta establece que estas objeciones sean presentadas inicialmente ante la propia institución que promueve la contratación. De esta manera, si la Administración acepta la observación, podría corregir o aclarar el pliego sin que la Contraloría tenga que intervenir desde el inicio.
Cuando exista desacuerdo entre la institución y quien presentó el recurso, el caso sería trasladado a la Contraloría para que resuelva. Según lo explicado durante la reunión, este traslado incluso podría realizarse de manera automatizada mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
La Contraloría fundamentó la propuesta en que el 66,5% de los recursos contra los pliegos de condiciones terminan con la Administración aceptando las observaciones planteadas por el recurrente.
Cambios también alcanzarían compras de la CCSS
La iniciativa también plantea modificar los artículos 97 y 99 de la Ley General de Contratación Pública en relación con las impugnaciones de procesos para adquirir medicamentos y equipo médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El planteamiento busca que este tipo de asuntos especializados tengan una mayor participación de profesionales de la propia CCSS, debido al conocimiento técnico requerido para valorar las necesidades de medicamentos y equipos médicos.
Ante consultas de los diputados sobre una eventual reducción de los controles, los representantes de la Contraloría señalaron que la propuesta no modifica los mecanismos de denuncia ciudadana ni las facultades generales de fiscalización del órgano contralor.
Las distintas fracciones legislativas solicitaron tiempo para estudiar el planteamiento antes de fijar una posición definitiva. El siguiente paso será que la Contraloría remita formalmente el proyecto a la Asamblea Legislativa para que comience su trámite.
