Guerra política por fallo de la Sala IV

El fallo sobre magistrados suplentes abrió una intensa confrontación entre el Gobierno, la oposición y la Sala IV

La decisión de la Sala Constitucional de mantener en funciones a los magistrados suplentes mientras la Asamblea Legislativa completa el proceso de nombramiento provocó este jueves uno de los enfrentamientos políticos e institucionales más fuertes de los últimos años. La presidente Laura Fernández calificó la resolución como un “golpe de Estado” contra el Poder Legislativo, mientras que diputados de oposición y un magistrado de la Sala IV rechazaron esa afirmación y defendieron el fallo.

La mandataria aseguró que la resolución representa una violación al principio de división de poderes y sostuvo que la Constitución Política reserva exclusivamente a la Asamblea Legislativa la potestad de nombrar y destituir magistrados. Además, afirmó que la Sala Constitucional se atribuyó competencias que, según su interpretación, no le corresponden y calificó a los cuatro magistrados que votaron a favor de la medida como “magistrados golpistas”.

A las críticas se sumaron dirigentes del oficialismo. El diputado Nogui Acosta hizo un llamado a defender la Constitución y el Estado de Derecho, mientras que la legisladora Yara Jiménez anunció que el próximo lunes presentarán una querella por presunto prevaricato contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid González Herrera y Jorge Araya García, al considerar que actuaron fuera de sus competencias constitucionales.

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Las declaraciones del Gobierno fueron rechazadas por distintos sectores políticos. Claudia Dobles afirmó que el Partido Pueblo Soberano ha bloqueado durante meses el nombramiento de magistrados suplentes y advirtió que mantener una confrontación abierta contra el Poder Judicial solo debilita la democracia y favorece al crimen organizado. En la misma línea, el jefe de fracción de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, responsabilizó al oficialismo de la falta de nombramientos y aseguró que la resolución de la Sala garantiza el acceso de la ciudadanía a la justicia constitucional.

Desde el Frente Amplio, José María Villalta cuestionó que el Ejecutivo hable de un “golpe de Estado” cuando, según afirmó, ha intentado paralizar el funcionamiento de la Sala Constitucional al impedir el nombramiento de magistrados suplentes. A su criterio, permitir que los actuales suplentes continúen ejerciendo evita un vacío institucional que habría afectado la resolución de recursos de amparo y otros procesos judiciales.

Por su parte, el magistrado constitucional Jorge Araya García lamentó las declaraciones de la presidenta y afirmó que el concepto de golpe de Estado “no tiene ningún asidero” en este caso, pues la resolución busca, según dijo, restablecer el orden constitucional y garantizar el funcionamiento pleno del Tribunal Constitucional. La diputada Abril Gordienko respaldó esa posición al sostener que el Poder Judicial actuó para evitar la paralización de otro poder del Estado y aseguró que ahora corresponde a la Asamblea cumplir con la elección definitiva de los magistrados suplentes.