El Tribunal de la Inspección Judicial abrió de oficio un proceso contra dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ligados al caso “Champion”. La investigación quedó registrada bajo el expediente 25-2819-31-DI.
Este proceso se desarrolla en paralelo a la causa penal. Podría concluir con sanciones disciplinarias que van desde una amonestación hasta el despido de los funcionarios.
La Fiscalía y el OIJ señalan a los agentes judiciales y a un oficial de Fuerza Pública por filtrar información sobre operativos y movimientos en carretera. También habrían consultado bases de datos del Poder Judicial para confirmar si algún miembro de la red enfrentaba procesos abiertos.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, informó que uno de los tres ya figura como imputado. A todos les decomisaron sus teléfonos celulares para análisis.
La organización criminal recluta funcionarios públicos desde hace más de una década. En 2011, Michael Ricardo Araya Castillo, hermano del detenido esta semana, sumó a un piloto del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA).
Ese funcionario, de apellidos Miranda Sánchez, pidió vacaciones para viajar con Araya a Jamaica. Allí coordinó la compra de marihuana tipo high red y negoció el alquiler de una avioneta para transportar la droga. También asesoraba en rutas aéreas y en la compra de aeronaves.
El 19 de agosto de 2011, sicarios asesinaron a Michael Araya en su casa en Barva de Heredia. La hipótesis policial señaló a sus propios colaboradores como responsables del crimen.
Tras su muerte, sujetos conocidos como “Pato” y “Gato” tomaron el control. Fundaron una nueva célula llamada “Los Amigos” e incorporaron a más funcionarios estatales.
OFICIALES INVOLUCRADOS
En esa etapa, la red sumó a un oficial de Fuerza Pública de apellido Brenes, que filtraba información táctica, y a un funcionario de Aduanas, también Brenes, que colaboraba con el movimiento de mercancías ilícitas.
Con el paso de los años, el clan se consolidó en narcotráfico, estafas y lavado de dinero. La infiltración de policías y empleados estatales le permitió evadir operativos y sostenerse por más de 14 años.
El caso “Champion” refleja la capacidad de las redes criminales para penetrar instituciones del Estado. Tanto el proceso penal como el disciplinario buscan establecer responsabilidades y frenar el daño a la credibilidad del OIJ.
