A partir de finales de junio, los costarricenses podrán acceder legalmente al cannabis medicinal para tratar diversas condiciones de salud, como cáncer, epilepsia y estrés. Este avance es posible gracias a la reciente publicación del reglamento en La Gaceta, que establece las normativas para su comercialización.
Para adquirir estos productos, será indispensable contar con una receta médica. Las presentaciones autorizadas incluyen flores, aceites y pastillas que contienen componentes psicoactivos del cannabis. El reglamento establece que el uso de estos productos es exclusivamente medicinal o farmacéutico, por lo que solo pueden ser adquiridos con receta. Entre las enfermedades que podrían tratarse se encuentran la depresión, el cáncer, la epilepsia y el estrés.
Sin embargo, la exclusividad de la venta en farmacias ha generado controversia. Empresarios y abogados señalan que esta medida favorece a las empresas farmacéuticas y limita la inversión, competencia y accesibilidad para los pacientes. «Creo que también quedó en deuda la ministra al no reglamentar el uso terapéutico«, añadió Murray, refiriéndose a la falta de regulación para el uso terapéutico del cannabis.
El mercado de cannabis medicinal en Costa Rica se estima en más de $6 millones anuales. Las autoridades esperan que esta industria impulse la inversión y genere empleo en el país. No obstante, algunos sectores consideran que las restricciones actuales podrían limitar el crecimiento del mercado y la diversificación agrícola.
Este avance no solo representa una nueva alternativa terapéutica para los pacientes, sino que también abre la puerta a debates sobre el acceso y la regulación del cannabis en el país. Mientras algunos ven la medida como un paso positivo hacia la modernización de los tratamientos médicos, otros consideran que aún hay vacíos legales que podrían dificultar su implementación efectiva.
En resumen, la disponibilidad de cannabis medicinal representa un avance significativo en el ámbito de la salud en Costa Rica. Sin embargo, es fundamental que las autoridades continúen trabajando en la regulación y supervisión de esta industria naciente para asegurar que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan, sin generar barreras innecesarias para los pacientes.