Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) revela que en Costa Rica existen 576 asentamientos informales tipo «precario», distribuidos en 61 cantones, con una extensión territorial que supera los 46 kilómetros cuadrados.
El estudio indica que desde el año 2023 se ha registrado un aumento preocupante en la formación de estos asentamientos, lo cual refleja una creciente crisis habitacional y social en el país.
Marcela Aragón, gerente Fiscalización para el Desarrollo de Ciudades, indicó: «La Contraloría General evaluó la gestión pública de asentamientos informales conocidos popularmente como precarios y su impacto en la hacienda pública, con el objetivo de ofrecer un panorama general que facilite la toma de decisiones informada y que promueva la implementación de buenas prácticas en la gestión de este tema».
Lea también: RECOPE IMPULSA CAMPAÑA DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA “LA VERDAD NO SE ESCONDE”
El impacto económico de los precarios: pérdidas por más de 24 mil millones de colones
Entre los años 2022 y 2024, el Estado costarricense habría perdido ₡24 700 millones, según datos de la Contraloría. Estas pérdidas están relacionadas con:
- Consumo no facturado de servicios públicos
- Atención de emergencias
- Procesos de desalojo
- Trámites de titulación de terrenos
Estas cifras reflejan no solo un impacto social, sino también una afectación directa a las finanzas públicas.
