Costa Rica da un histórico paso al elaborar el primer Código de Adaptación al Cambio Climático del mundo, inspirado en la visión pragmática de su Código Sísmico de 1974. Esta normativa busca establecer estándares técnicos, legales y de planificación obligatorios para reducir los riesgos climáticos emergentes como olas de calor, sequías extremas, lluvias intensas e inundaciones.
La creación del código está liderada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) junto con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), y cuenta con financiamiento tanto nacional como del Fondo Verde del Clima (FVC). Desde 2024 se han realizado recolección de datos, análisis técnico y consultas públicas. Su presentación oficial está programada para la próxima COP30, evidenciando el compromiso costarricense con la resiliencia climática.
A diferencia de los planes de adaptación tradicionales, el nuevo código no solo define qué se debe hacer y cuándo, sino que también establece cómo se debe hacer, fijando criterios mínimos técnicos uniformes con carácter obligatorio y permanente. Este enfoque transversal aplicará a sectores clave como infraestructura, agricultura, energía, salud, turismo y ordenamiento territorial.
El contexto que impulsa esta iniciativa es crítico: informes nacionales e internacionales advierten que ningún rincón del país está exento de los efectos del cambio climático. Se mencionan desde sequías intensas en Guanacaste hasta lluvias alteradas en el Valle Central y crecidas peligrosas en zonas urbanas como San José y Heredia.
Una innovación clave del proyecto es el Sistema Nacional de Información sobre Adaptación, que centralizará mapas de riesgo, proyecciones climáticas y experiencias exitosas para apoyar la toma de decisiones en sectores públicos y privados.
Más allá del ámbito técnico, el Código de Adaptación al Cambio Climático apunta a consolidarse como una política de Estado, orientada a canalizar inversión estratégica, promover innovación y fomentar la planificación a largo plazo. Su objetivo principal: proteger vidas, minimizar pérdidas económicas y asegurar el bienestar de las futuras generaciones.
