El sistema financiero costarricense enfrenta una alerta creciente: los reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero aumentaron en un 23 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), se contabilizaron 542 reportes de operaciones sospechosas (ROS), de los cuales 390 provinieron directamente de los bancos. Esta cifra representa un salto notable respecto a los 440 casos registrados previamente.
Los montos involucrados también llaman la atención: en dólares, las transacciones sospechosas pasaron de unos 285 millones a más de 412 millones, mientras que en colones la cifra bajó de ¢15.747 millones a ¢11.392 millones. Expertos advierten que este contraste refleja un mayor movimiento internacional de capitales, lo que plantea retos adicionales para la supervisión financiera.
Desde el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la oficial de cumplimiento Adriana Corrales señaló que muchas operaciones todavía no pueden monitorearse con la precisión deseada, ya que “los procesos no están del todo automatizados” y los analistas deben revisar cientos de alertas de manera manual. Por su parte, el abogado del BCCR, Iván Villalobos, recordó que un reporte no equivale a una acusación, pues muchos de estos casos se descartan tras la primera revisión.
A nivel judicial, la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales indicó que no puede brindar detalles de investigaciones en curso por tratarse de información sensible. No obstante, confirmó que parte de los reportes del ICD se convierten en expedientes judiciales, dependiendo de la solidez de los hallazgos.
El incremento, según especialistas, tiene una doble lectura: por un lado refleja una mayor eficiencia de los sistemas de control de las entidades financieras, pero también evidencia la presión del crimen organizado que busca introducir sus recursos ilícitos en el sistema bancario del país.
Ante este panorama, el Banco Central propuso destinar ¢407 millones para reforzar la automatización de los procesos de monitoreo, mientras que la UIF continúa evaluando qué casos ameritan ser trasladados al Ministerio Público. Además, Costa Rica se prepara para una próxima revisión internacional que pondrá a prueba la eficacia de sus mecanismos contra el lavado de activos.
