La póliza de responsabilidad civil para los altos jerarcas del Poder Ejecutivo sigue siendo tema de controversia, el Ministerio de Hacienda realizo la consulta sobre aspectos legales a la Procuraduría General de la República (PGR). El asesoramiento se trata si Hacienda puede contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil para directores y oficiales a favor de jerarcas, tales como el Presidente de la República, Vicepresidentes, Ministros y Viceministros con el Instituto Nacional de Seguros (INS).
Adicionalmente, Hacienda le preguntó a la Procuraduría cuáles elementos debe contener el acto administrativo que justifique la decisión de contratar una póliza de seguro. Desde el 28 de octubre, los jerarcas gubernamentales habían indicado que presentarían la consulta a la Procuraduría. Sin embargo, fue hasta esta semana que se realizó la gestión formalmente.
Pilar Cisneros, diputada del Partido Progreso Social Democrático, indico: «Presentamos una consulta de constitucionalidad sobre el presupuesto. ¿Por qué? Porque los diputados aquí en la Asamblea Legislativa nos pusieron 61 mil millones de colones más de gastos, por ejemplo, 11 mil millones para el FES. Pero no nos dijeron con qué ingresos vamos a cubrir esos gastos. Simple y sencillamente agarraron dinero que ya estaba presupuestado para pagar intereses y la deuda y lo destinaron a eso. Entonces a nosotros nos parece que eso no es legal y no es constitucional».
Nogui Acosta, ministro de Hacienda indicó que desde hace años el Banco Central tiene pólizas similares para cubrir a los jerarcas de las superintendencias, y que los auditores de las instituciones públicas se les ofrece una cobertura similar. Adicionalmente, mencionó que en la Asamblea Legislativa se encuentra en trámite el proyecto de ley número 23.958 para que el Estado cubra de forma similar a las personas funcionarias ante demandas en su contra.
El vicepresidente de la República, Stephan Brunner, defendió la póliza de responsabilidad civil que quiere pagar el gobierno para altos jerarcas, esto tras los cuestionamientos de los diputados que participan en la Comisión de Ingreso y Gasto, quienes consideran que debe ser pagada por los mismos funcionarios. La misma tiene un costo estimado de 248 millones de colones y cubriría únicamente situaciones vinculadas al ejercicio de sus funciones.
