La Fiscalía General advirtió sobre el riesgo de que las campañas políticas de 2026 reciban fondos ilícitos con fines de lavado o penetración criminal.
Mauricio Boraschi, fiscal adjunto, señaló que hay vigilancia activa sobre los partidos y sus fuentes de financiamiento para evitar que dineros sucios ingresen al proceso electoral.
El fiscal instó a todas las agrupaciones a verificar con cuidado el origen de los aportes que reciban, sobre todo de fuentes externas.
También recalcó que deben usarse los mecanismos oficiales de donación partidaria, como exige el Tribunal Supremo de Elecciones.
Según Boraschi, cualquier descuido podría facilitar el ingreso de recursos ligados al crimen organizado, lo que tendría consecuencias legales.
El funcionario mencionó que el Ministerio Público y el OIJ vigilarán de cerca la compra de bonos de deuda política, mecanismo vulnerable al lavado.
En 2022, Estados Unidos ya había alertado sobre la posible infiltración del narcotráfico en campañas costarricenses, en un reporte oficial.
Ese informe mencionó que las elecciones presidenciales pasadas estuvieron bajo vigilancia por su posible exposición a capitales ilegales.
Actualmente, la Fiscalía investiga el caso Financiamiento Jaguar, que involucra a figuras del gobierno y el oficialismo por presunto financiamiento irregular.
La causa incluye a Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros y otros jerarcas del Partido Progreso Social Democrático, acusados de evadir controles del TSE.
Según la investigación, usaron un fideicomiso y cuentas personales para manejar recursos al margen de la tesorería partidaria.
El Código Electoral exige que todos los aportes se hagan por personas físicas costarricenses y se canalicen mediante mecanismos oficiales del partido.
