El Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, solicitó recortes en varias instituciones para financiar el nuevo Centro de Alta Contención de la Criminalidad. Se trata de una cárcel de máxima seguridad impulsada por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP). El proyecto es confidencial y no se han revelado los planos, el diseño ni la ubicación.
El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, explicó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios que se liberaron ₡33.945 millones mediante subejecuciones en el MOPT, FODESAF, Seguridad Pública y otras entidades. De ese monto, ₡7.870 millones serán para el nuevo centro penitenciario. Además, ₡24.011 millones se trasladarán del FODESAF al BANHVI, por solicitud del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Diputados opositores criticaron la medida. Paulina Ramírez advirtió que “no se puede desvestir un santo para vestir otro”. En su criterio, la reasignación quita recursos a programas sociales y seguridad pública. Luis Fernando Mendoza dijo que es la primera vez que observa un movimiento presupuestario de este tipo.
Por su parte, la oficialista Pilar Cisneros defendió la decisión. Sostuvo que la sobrepoblación carcelaria requiere atención urgente. Según Hacienda, el nuevo penal tendrá capacidad para 5.100 privados de libertad y se prevé que los primeros recursos se ejecuten a finales de 2025.
El legislador Carlos Felipe García, del PUSC, cuestionó el costo y la confidencialidad del plan. También criticó al ministro de Justicia por no dar detalles sobre planos, financiamiento, ubicación ni licitación. La Comisión de Asuntos Hacendarios decidirá si aprueba o rechaza la reasignación presupuestaria.
