El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) presentó este martes un plan piloto que busca promover prácticas transparentes y éticas en los gobiernos locales del país, mediante la aplicación de un nuevo modelo de gestión enfocado en la integridad pública.
La iniciativa cuenta con la participación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el financiamiento de la Embajada de Estados Unidos y la Procuraduría de la Ética Pública como contraparte nacional. El objetivo es fortalecer la cultura de integridad en las municipalidades y reducir riesgos asociados a la mala gestión de los recursos públicos.
Para el desarrollo del plan se seleccionaron ocho municipalidades de distintas regiones del país, tomando en cuenta criterios como ubicación geográfica, cercanía a zonas fronterizas, áreas costeras y territorios con recursos naturales protegidos. Además, se definieron “municipalidades espejo”, ubicadas en las mismas regiones, que aplicarán el modelo sin acompañamiento directo, con el fin de comparar resultados. La experiencia será evaluada durante un año para determinar si puede replicarse a nivel nacional.

El modelo contempla varios componentes clave, entre ellos la promoción de la integridad mediante procesos de capacitación y sensibilización del personal municipal, así como el fortalecimiento de la estructura organizativa. También se incluyen mejoras en los sistemas de control interno, auditoría y gestión de riesgos de corrupción, con el propósito de resguardar los fondos públicos y robustecer la administración local.
Otro eje central es el control social, que promueve la participación ciudadana a través de la transparencia y la rendición de cuentas. El plan también incorpora acciones para detectar posibles actos de corrupción y fortalecer los procesos disciplinarios que permitan sancionar conductas indebidas.
Aunque no existe un registro específico sobre corrupción a nivel municipal, las autoridades reconocen que se trata de un tema sensible. Por ello, el proyecto busca sentar las bases de un ecosistema de gestión con integridad que pueda extenderse a todos los gobiernos locales del país.

