Este lunes comenzó el juicio contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) por el caso “Reaseguros”, abierto hace 24 años. El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública en Goicoechea dirige el debate oral y público.
El Ministerio Público acusa al exmandatario y a seis personas más, de apellidos Zawadzki, Acuña, Cordero, Bonilla, Corrales y Lara, por el delito de peculado.
El caso surgió en 2001, cuando empresas reaseguradoras del Reino Unido habrían pagado a funcionarios de la administración para convertirse en las reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Las reaseguradoras funcionan como compañías que cubren a las aseguradoras, asumiendo parte de los riesgos de sus clientes. Este mecanismo permite a las aseguradoras disminuir pérdidas financieras, ampliar su capacidad de pólizas y mantener estabilidad ante siniestros de gran magnitud.
El delito de peculado ocurre cuando un funcionario desvía o sustrae bienes públicos bajo su custodia, o bien los usa en beneficio propio o de terceros.
Según la investigación, la compañía inglesa PWS pagó $2,1 millones a funcionarios. Además, las empresas Guy Carpenter y Willis Re habrían entregado comisiones en 2001.
En 2006, la prensa reveló que dinero de Guy Carpenter se habría usado para pagar una tarjeta de crédito del expresidente Rodríguez por más de $47.000.
En febrero de 2014 un tribunal dictó sobreseimiento definitivo; sin embargo, en agosto de ese mismo año los jueces ordenaron audiencia preliminar para definir si el caso iría a juicio. Varias suspensiones impidieron iniciar el debate hasta casi 25 años después.
El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el INS y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) participan en el juicio.
Tropiezos
El proceso inició con retrasos. La defensa solicitó separar a una jueza y varios imputados quedaron fuera del expediente.
Los jueces apartaron a Roxana Cordero por motivos psicológicos y a Cristóbal Zawadzki por incapacidad médica. Además, eliminaron a Gilda Montes de Oca, quien falleció.
Posteriormente, el Ministerio Público recusó a la jueza Mercedes Muñoz Campos, presidenta del Tribunal, al considerar que intervino en un acto previo del caso y puso en duda su imparcialidad.
La jueza rechazó la solicitud y aclaró que nunca valoró pruebas ni se pronunció sobre el fondo del asunto.
