El pasado lunes 23 de septiembre, el Juzgado Penal de Hacienda inició la diligencia de allanamiento en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la CCSS en la cual se inició el respaldo de las cuentas electrónicas de las personas imputadas en el caso barrenador, mismo que fue delegado en el Ministerio Público.
Por procedimiento interno, a solicitud de las autoridades judiciales se deshabilitaron las cuentas de correo de los funcionarios imputados en esta causa.
Este miércoles, cerca de las 8:30 am, el Perito de la Sección Especializada de Cibercrimen, informó que al momento de revisar que el proceso de descarga culminara correctamente, encontró en una de las cuentas (perteneciente a uno de los masculinos), generó errores en la sincronización de archivos, siendo que al revisar la bitácora, se observó que habían 4 elementos eliminados en el OneDrive y preliminarmente al menos unos 300 archivos del correo electrónico.
Al revisar lo sucedido, se determinó que el correo fue habilitado sin autorización judicial posterior al bloqueo realizado durante el allanamiento, utilizando para ello el usuario y clave de un alto funcionario que tiene la capacidad de habilitar cuentas de correo. No obstante, este funcionario no estaba trabajando por estar en vacaciones ya que regresará al trabajo hasta el lunes 30 de setiembre, por lo que se sospecha que alguien más accedió a las credenciales de este funcionario para habilitar los permisos sobre el contenido en cuestión de una de las personas imputadas.
De tal modo, el día martes a las 9:00 am se denota en la bitácora que hay un ingreso correcto en la cuenta de correo de uno de los imputados, que ya para ese momento se encontraba habilitada a pesar de la orden de juez en contra y se presume que aprovechó ese momento para borrar la cantidad indicada de correos. La revisión interna de los IPs apunta que el borrado lo hizo una persona dentro de la misma CCSS, pero desde una terminal del hospital Max Peralta en Cartago.
Según el OIJ, este tipo de acciones criminales orquestadas refuerzan la tesis del Ministerio Público de que los allanamientos en el caso Barrenador eran totalmente necesarios, mismos que fueron avalados por un juez de la República.
El ente judicial dijo también que va a trabajar con todas las herramientas forenses que tiene a su disposición para recuperar esos correos y archivos, siendo que en caso de no contar con la tecnología disponible (debido a las carencias informáticas que ya se han informado en reiteradas ocasiones por falta de recursos) se solicitará asistencia internacional para que no quede impune este tipo de situaciones.
