Sáb. Feb 7th, 2026

La agencia internacional de calificación de riesgo Moody’s Ratings presentó este viernes un pronóstico sobre la futura gestión fiscal del gobierno de la presidenta electa Laura Fernández Delgado, destacando oportunidades para avanzar en reformas económicas que podrían mejorar la posición crediticia del país. 

En su primer análisis tras las elecciones generales del 1.º de febrero, la firma estadounidense aseguró que el resultado electoral y la conformación de una bancada oficialista mayoritaria podrían poner fin al estancamiento legislativo que ha caracterizado la política costarricense en los últimos años. Según el informe, esta nueva dinámica ofrecería un entorno más propicio para impulsar reformas clave en materia de gestión fiscal y financiamiento externo. 

Posibilidad de reformas estructurales

Moody’s destacó que, tradicionalmente, las leyes que requieren aprobación legislativa para planes de financiamiento externo han limitado la capacidad del Gobierno para administrar su liquidez. Esta situación, apuntó la agencia, contribuyó a que la deuda pública aumentara significativamente entre 2010 y 2019. No obstante, la calificadora subrayó que la reforma fiscal de 2018 ayudó a estabilizar el nivel de deuda, manteniéndolo por debajo del 59 % del producto interno bruto (PIB) en 2025. 

Además, Moody’s señaló que una posible enmienda constitucional que otorgue mayor flexibilidad al Ejecutivo en materia de financiamiento externo podría aliviar riesgos de liquidez y fortalecer el perfil fiscal del país. 

Mayoría legislativa y agenda económica

La proyección de Moody’s coincide con la expectativa de que el partido Pueblo Soberano —liderado por Fernández— y sus aliados controlen una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa para el periodo 2026–2030, con 31 diputados, la más numerosa desde 1982. Esto podría facilitar la aprobación de leyes fiscales y económicas prioritarias para el nuevo gobierno. 

Contexto de calificación crediticia

La agencia también recordó que, en septiembre de 2025, elevó la calificación soberana de Costa Rica de Ba3 a Ba2 con perspectiva estable, reflejando avances en la disciplina fiscal y la gestión de la deuda que mejoraron el perfil de riesgo del país frente a los mercados internacionales.