La Policía Penitenciaria detuvo en el puesto de ingreso a un oficial identificado con los apellidos Gonzáles Soto, quien, al parecer, intentaba introducir a la cárcel La Reforma algunos artículos prohibidos.
Durante la inspección corporal y de pertenencias, los agentes detectaron que el funcionario portaba tres teléfonos celulares y doce tarjetas SIM (chips). De inmediato, el caso fue atendido por los superiores del centro penal, quienes también realizaron una revisión en el dormitorio del implicado.
Roy Brenes, subdirector de la Policía Penitenciaria, declaró:
“En el marco de nuestra política de cero tolerancia a la introducción de dispositivos electrónicos no autorizados en los centros penitenciarios, se detectó y decomisó una cantidad significativa de tres teléfonos celulares y doce tarjetas SIM, ocultos en el forro del bolso de un funcionario del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro”.
¿Qué establece la ley ante estos casos?
Tras la entrada en vigencia de la nueva legislación, el intento de introducir artículos electrónicos ilícitos, como teléfonos celulares, a los centros penales constituye un delito penalizable con cárcel. Hasta la fecha, 36 funcionarios tanto administrativos como policiales han sido remitidos a la Fiscalía por este tipo de acciones.
“Esta persona fue puesta a las órdenes del Ministerio Público para el procedimiento judicial correspondiente. Esta acción demuestra nuestra firme decisión de mantener la seguridad y el orden en nuestras instalaciones, y es un claro ejemplo de nuestra política de mano dura”, añadió Brenes.
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En su comunicado oficial, la Policía Penitenciaria reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción, el crimen y la violencia dentro del sistema penitenciario.
