Continúa la polémica en la Asamblea Legislativa, luego de que una denuncia por presuntos sobresueldos avanzara únicamente tras una orden de la Sala Constitucional, que obligó a continuar con la investigación.
Las plazas en la asamblea
La denuncia se relaciona con el pago de pluses y retroactivos en 31 plazas bajo análisis. Desde la Administración del Congreso se intentó ampliar el plazo para entregar la información solicitada por dos meses adicionales, prácticamente hasta el cierre de la actual administración legislativa.
Sin embargo, los magistrados consideraron que esa extensión no era razonable y ordenaron dar curso a la investigación.
La diputada Ada Acuña solicita información específica sobre varios aspectos clave del caso. Entre ellos, los montos cancelados bajo el rubro de “otros ingresos”, los pagos retroactivos realizados, la identificación de los beneficiarios de esos recursos y la base legal que habría sustentado dichos desembolsos, así como criterios de transparencia en su aplicación.
Según el recurso presentado, dentro de la Asamblea Legislativa se habrían girado sobresueldos sin una justificación legal clara, lo que abre interrogantes sobre quién autorizó esos pagos, bajo qué fundamento se aprobaron y si existió un trato desigual entre funcionarios.
La denuncia
La denuncia apunta a una posible vulneración de los principios de legalidad y transparencia en el uso de fondos públicos.
El objetivo del recurso legal es que una autoridad competente investigue a fondo lo ocurrido, determine si los pagos se ajustan a la normativa vigente o si, por el contrario, podrían constituir irregularidades administrativas o incluso eventuales responsabilidades legales.
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Mientras el proceso avanza, el caso ya genera tensión interna en el Congreso y presión política, en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana y una creciente exigencia de rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos en la Asamblea Legislativa.
