Diputados de distintas fracciones legislativas reaccionaron este martes a la denuncia presentada por el jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Jorge Torres, ante la Fiscalía General, sobre un presunto plan para atentar contra la vida del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
El tema generó una inmediata ola de reacciones en el Congreso, donde legisladores coincidieron en la necesidad de abordar el asunto con seriedad, pero también manifestaron preocupación por un eventual uso político de una situación de esta magnitud, en medio del actual contexto electoral.
Desde el Partido Nueva República, el diputado José Pablo Sibaja afirmó que este tipo de denuncias no deben tomarse a la ligera y requieren una investigación exhaustiva por parte de las autoridades judiciales.
A su criterio, es fundamental esclarecer si existió o no una amenaza real contra el mandatario. “Si no hay sustento, esto debe aclararse cuanto antes y detenerse el circo”, expresó, al insistir en que no se puede jugar con un tema tan delicado como la seguridad presidencial.
Por su parte, la jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro, manifestó que su agrupación rechaza categóricamente cualquier forma de violencia, independientemente del contexto político o de las personas involucradas.
Alfaro señaló que espera que un asunto de esta gravedad no sea instrumentalizado con fines electorales, pues eso podría distorsionar el debate público y generar un clima de mayor polarización.
Una posición similar expresó el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, quien advirtió sobre el riesgo de que esta situación sea utilizada como una “cortina de humo” en medio del proceso electoral.
Pacheco indicó que corresponde a la Fiscalía esclarecer los hechos y determinar si existen elementos suficientes para hablar de una amenaza real contra el presidente.
Desde el oficialismo, la jefa de fracción Pilar Cisneros calificó la situación como “preocupante” y sostuvo que cualquier indicio de un plan de este tipo debe ser investigado con la máxima rigurosidad. Cisneros insistió en que la seguridad del presidente no es un asunto personal, sino un tema de estabilidad institucional y de defensa de la democracia.
En cuanto al Partido Liberación Nacional (PLN), se intentó conocer la posición de su bancada; sin embargo, su oficina de prensa informó que no se referirían al tema por el momento.
La denuncia presentada por el jerarca de la DIS ya se encuentra en manos del Ministerio Público, que deberá determinar la veracidad de los hechos y las posibles responsabilidades.
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Mientras tanto, el tema sigue generando debate en el ámbito político, marcado por llamados a la prudencia, la investigación objetiva y la no utilización electoral de un asunto que toca directamente la seguridad nacional.
