La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión histórica este lunes al solicitar formalmente a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. El objetivo es que el mandatario pueda ser procesado por supuestos delitos de corrupción relacionados con contratos financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Con 15 votos a favor y 7 en contra, los magistrados avalaron la solicitud del Ministerio Público, que acusa a Chaves de desviar más de 32 mil dólares de un contrato con una empresa audiovisual para beneficiar a un asesor cercano, Federico Cruz, conocido como «Choreco».
Además de esta causa, el mandatario enfrenta otra investigación por presunto financiamiento electoral ilícito durante la campaña presidencial de 2022. Según las indagaciones, se habrían utilizado mecanismos paralelos para ocultar el origen de fondos destinados a su candidatura, lo cual podría constituir una violación al Código Electoral.
Junto al presidente, también fue señalada la figura del actual ministro de Cultura y exjefe de despacho presidencial, Jorge Rodríguez, a quien también se le solicitó levantar el fuero para enfrentar investigación penal.
Ahora, la Asamblea Legislativa deberá decidir si procede o no con el levantamiento de la inmunidad. El trámite requiere el voto de al menos 38 diputados y se prevé que el debate genere fuertes divisiones políticas. La mayoría opositora ha manifestado preocupación por la gravedad de las acusaciones, aunque aún no se define una posición común.
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Este caso se suma a una creciente tensión institucional entre el Poder Ejecutivo y otros poderes de la República. Diversos sectores, incluidos expresidentes y académicos, han advertido sobre señales de deterioro democrático ante los constantes enfrentamientos entre el presidente Chaves y el Poder Judicial, así como con medios de comunicación y órganos de control.
Si la Asamblea aprueba el levantamiento del fuero, el presidente Chaves enfrentaría un juicio penal con penas que podrían oscilar entre los 2 y los 8 años de prisión.
