Tres días fue el plazo que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le otorgó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que responda bajo juramento los hechos denunciados por Claudio Alpízar.
El tribunal admitió la denuncia como un amparo electoral y, además, advirtió al presidente sobre la obligación de abstenerse de emitir declaraciones que favorezcan o perjudiquen a partidos, candidatos o movimientos políticos.
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En caso de que el presidente no proporcione la respuesta solicitada por el TSE, este asumirá como ciertos los hechos expuestos en la denuncia y podría enfrentar cargos por desobediencia, conforme al Código Penal.