Lun. Dic 22nd, 2025

Tras los señalamientos de la vicepresidenta de la República, Mary Munive, quien acusó a diputados de bloquear el avance de un proyecto para reducir las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las reacciones en el Congreso no se hicieron esperar.

La versión de Munive

Según expuso Munive, el Poder Ejecutivo había presentado una agenda legislativa reducida con el objetivo de avanzar en proyectos prioritarios antes del receso de fin de año. Entre esas iniciativas se encontraba un proyecto clave para nombrar médicos especialistas y disminuir las listas de espera en la CCSS.

La jerarca aseguró que, pese a la urgencia del tema, diputados de varias fracciones políticas habrían impedido la votación del proyecto mediante solicitudes de receso y la ruptura del quórum, lo que —afirmó— mantiene en riesgo a miles de pacientes que esperan atención médica oportuna.

La otra versión

Ante estas declaraciones, el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, desmintió categóricamente a la vicepresidenta y aseguró que en ningún momento solicitó recesos ni promovió el rompimiento del quórum para frenar la iniciativa.

Pacheco recalcó que el proyecto al que se hace referencia fue presentado por su propia fracción y que resulta ilógico que se opongan a una propuesta que, según dijo, han defendido durante años para atender la falta de especialistas en el sistema de salud.

Por su parte, el Partido Liberal Progresista (PLP) también rechazó los señalamientos y aclaró que no bloqueó la agenda legislativa ni obstaculizó proyectos en materia de salud pública.

En un comunicado, la agrupación indicó que el propio Poder Ejecutivo modificó la agenda legislativa cuando la sesión ya había iniciado, retirando proyectos y alterando el orden de discusión previamente acordado.

El PLP reafirmó su respaldo al proyecto de fortalecimiento de la salud pública y aseguró que, de haberse sometido a discusión, habría contado con el apoyo pleno de esa fracción legislativa.

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Mientras tanto, este cruce de acusaciones reabre el debate sobre las responsabilidades políticas en torno a las listas de espera y el manejo de la agenda legislativa en temas sensibles para la salud de la población.