El Gobierno de Costa Rica enfrenta un escándalo por la revocación de visas y la remoción de cargos de seis funcionarios públicos, dos de los cuales fueron destituidos, mientras los otros cuatro pertenecieron a la administración de Laura Chinchilla (2010-2014).
El caso está ligado a una denuncia penal por presuntos delitos relacionados con la empresa china Huawei. El presidente Rodrigo Chaves reconoció que, aunque EE.UU. es soberano en sus decisiones, hay sanciones contra los implicados.
Sin embargo, la Contraloría no ha actuado contra Ana Sofía Machuca, auditora del ICE, pese a tener autoridad sobre ella.
Contencioso le dijo no a sindicalistas
En paralelo, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó una medida cautelar presentada por sindicatos del ICE y respaldada por la diputada Vanessa Castro (PUSC) para detener la licitación del espectro radioeléctrico para 5G.
Los sindicalistas buscan que el ICE mantenga el control exclusivo, pero el Tribunal permitió avanzar con el proceso.
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La ARESEP respaldó que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) es la entidad competente en este tema.
El caso mezcla tensiones políticas, laborales y geopolíticas, con Huawei en el centro de la polémica.
Costa Rica debate entre modernizar sus telecomunicaciones y proteger el monopolio estatal, mientras las investigaciones avanzan.
