Una jueza facilita beneficios en cárceles para los reclusos de alta contención.
Se trata de la jueza de Ejecución de la Pena de Alajuela, Katia Carballo, generó polémica tras ordenar la restitución de varios beneficios en los pabellones de alta contención del Centro Penitenciario La Reforma.
La resolución
Su resolución incluye la instalación de televisores y microondas para los privados de libertad, así como la reactivación de la visita conyugal, la cual había sido restringida meses atrás por el Ministerio de Justicia y Paz.
Además de esas disposiciones, Caraballo recomendó que los reclusos interpongan un amparo electoral para garantizar su acceso a radio y televisión, bajo el argumento de que contar con esos medios les permitiría ejercer un voto más informado en los próximos procesos electorales.
La propuesta causó sorpresa y reacciones encontradas, ya que introduce un componente electoral dentro de la dinámica penitenciaria, un terreno poco común para este tipo de resoluciones judiciales.
El Ministerio de Justicia y Paz había eliminado estos beneficios como parte de una estrategia orientada a reforzar la disciplina y el control dentro de los centros penales.
Las críticas
Desde el Poder Ejecutivo, tanto el presidente Rodrigo Chaves como el ministro Gerald Campos han cuestionado la decisión judicial, argumentando que las medidas restrictivas eran necesarias para mantener el orden en los establecimientos de máxima seguridad.
El contraste entre la visión de la jueza Caraballo y la línea del Gobierno refleja un debate de fondo: hasta dónde deben llegar los derechos de los reclusos y cuál es el equilibrio adecuado entre la disciplina penitenciaria y las garantías constitucionales.
Mientras sectores cercanos al Poder Judicial defienden el acceso a ciertos derechos básicos aun dentro de la privación de libertad, el Ejecutivo insiste en que flexibilizar las reglas puede debilitar el control en las cárceles.
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La discusión permanece abierta y es probable que este fallo se convierta en un nuevo punto de fricción entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, en un momento en que la seguridad y la disciplina en los centros penitenciarios son temas de alta sensibilidad para la ciudadanía.
