El Gobierno de Costa Rica solicitó a la Asamblea Legislativa que priorice la discusión de una reforma constitucional que busca permitir la extradición de ciudadanos costarricenses, incluyendo por delitos relacionados con el narcotráfico.
Actualmente, la Constitución prohíbe la extradición de nacionales, lo cual ha generado críticas y preocupación internacional debido a la creciente criminalidad.
La propuesta
La solicitud formal fue presentada este jueves por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso. Zamora enfatizó que esta reforma daría una “herramienta fundamental” para combatir estructuras criminales, cuya operación se ve facilitada por la prohibición constitucional actual.
El presidente Rodrigo Chaves y el ministro Zamora coincidieron en que modificar el artículo 32 de la Constitución permitiría responder de manera más efectiva a las solicitudes de países como Estados Unidos, que enfrentan problemas serios de narcotráfico vinculados con grupos en Costa Rica.
Actualmente, el proyecto de reforma constitucional está en trámite legislativo desde 2022, pero no ha avanzado significativamente. Según explicó Zamora, la falta de esta reforma limita la cooperación internacional y facilita que personas vinculadas a delitos graves encuentren refugio en el país.
Apertura entre fracciones
Diferentes fracciones legislativas han mostrado apertura al debate, aunque persisten dudas respecto al alcance de la medida y las salvaguardas necesarias para proteger los derechos fundamentales de los costarricenses. Grupos defensores de derechos humanos han pedido a los diputados que analicen cuidadosamente los mecanismos de extradición y garanticen debido proceso.
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El Gobierno enfatiza que la reforma es una respuesta urgente a la creciente amenaza del crimen organizado y una señal del compromiso de Costa Rica con la cooperación internacional, especialmente en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
