La elección de magistrados suplentes enfrenta una nueva alerta institucional: la Sala Constitucional advirtió a la Asamblea Legislativa que, si no se completan los nombramientos antes del 16 de diciembre, la Sala IV podría quedar sin capacidad operativa debido al vencimiento simultáneo de los suplentes actuales.
El llamado genera presión política, pero dentro del Congreso insisten en que la urgencia no puede comprometer la legalidad del proceso.
La presidenta de la Comisión de Nombramientos, Alejandra Larios, explicó que la Corte Suprema de Justicia envió la terna de doce aspirantes hasta el 16 de octubre, lo que redujo drásticamente el margen de acción.
Según dijo, la comisión actuó con diligencia desde la recepción: el expediente ingresó al orden del día el 29 de octubre, la metodología se aprobó el 5 de noviembre y la recepción de documentos cerró el 21 del mismo mes. A partir de ahí iniciaron las entrevistas y verificaciones técnicas.
Larios enfatizó que, aunque existe presión, la elección de magistrados suplentes no puede acelerarse eliminando etapas indispensables como entrevistas, revisión de atestados o validación de requisitos.
Cualquier intento de acortar el proceso podría viciar el concurso y dejar sin sustento legal los nombramientos, exponiéndolos a impugnaciones ante la misma Sala IV.
El analista político Emmanuel Ferrer respaldó esta lectura institucional. Señaló que la advertencia de la Sala Constitucional no debe traducirse en decisiones precipitadas, pues un proceso incompleto provocaría más inestabilidad. Según Ferrer, la legitimidad del resultado depende del cumplimiento riguroso de todas las fases del concurso.
La Comisión de Nombramientos está integrada por siete diputados:
*Alejandra Larios y Dinorah Barquero (PLN)
* Carlos Andrés Robles (PUSC)
*Pilar Cisneros (oficialista)
* Eliézer Feinzaig (PLP)
* Ariel Robles (Frente Amplio)
*José Pablo Sibaja (Nueva República)
Ellos deberán escoger, entre doce aspirantes —nueve hombres y tres mujeres— a los seis hombres que ocuparán las suplencias de la Sala IV.
Aunque la alerta de la Sala Constitucional mantiene el tema en el centro del debate, la línea dentro del Congreso es clara: avanzar, sí, pero sin sacrificar la legalidad que podría terminar anulando la elección de magistrados suplentes si el proceso se vicia desde el origen.
